La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con Migración Colombia, ha intensificado sus esfuerzos para combatir las bandas criminales que trafican con migrantes en nuestro territorio. Con el objetivo de proteger a las personas vulnerables que se ven obligadas a cruzar el territorio colombiano, se ha diseñado una estrategia integral basada en cuatro ejes fundamentales: prevención, inteligencia, investigación criminal y cooperación internacional.
Este trabajo se centra en acciones operativas, pero también en una labor preventiva. Es por esto por lo que la policía se capacita en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, esenciales para garantizar el respeto a la dignidad humana en el marco de nuestra labor. Las acciones de interdicción se llevan a cabo principalmente en los corredores de movilidad por donde transitan los migrantes, de manera coordinada entre la Dirección de Protección y Servicios Especiales y la Dirección de Tránsito y Transporte, además de otros organismos del Estado.
Es fundamental subrayar que la migración en Colombia no es considerada un delito. Según el artículo 188 del Código Penal, el tránsito de migrantes no está penalizado, lo que enfatiza el compromiso de las autoridades en proteger a los migrantes de las bandas criminales que buscan explotarlos. La Policía no es enemiga del migrante; al contrario, busca su bienestar, atacando a los grupos criminales que los instrumentalizan para actividades ilícitas como el tráfico de personas, la prostitución o el narcotráfico.
Por su ubicación geográfica, Colombia es un país de tránsito para migrantes de múltiples nacionalidades, entre ellos haitianos, ecuatorianos, chinos, bangladesíes y vietnamitas. En general, estas personas buscan llegar a destinos como Estados Unidos o Canadá. Las rutas más utilizadas son las que atraviesan las costas del Pacífico y el Caribe. El municipio antioqueño de Necoclí, por ejemplo, es un punto clave en la ruta que, desde el sur, pasa por Nariño, Buenaventura, Cali y el Chocó. En el norte, la principal puerta de entrada es Cúcuta y su zona de influencia; a partir de ahí, los migrantes transitan por La Guajira y otros departamentos como Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, antes de intentar cruzar hacia Panamá.
Uno de los mayores retos que enfrentan los migrantes es el peligroso cruce del tapón del Darién, un paso por la frontera con Panamá que, además de representar un riesgo físico extremo, está controlado por estructuras criminales que buscan explotarlos. Estas bandas, a menudo, les quitan sus documentos, los explotan laboralmente y los someten a múltiples formas de abuso. En palabras del teniente coronel Germán Puentes, de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional, “estas bandas hacen lo que sea necesario para aprovecharse de estas personas”.
La labor de anticipación policial juega un papel crucial en la lucha contra el abuso a la población migrante vulnerable. El Centro Integrado para la Migración Irregular proporciona información valiosa para ajustar las estrategias en función de los diagnósticos locales y las necesidades en cada punto del país, especialmente en las zonas fronterizas. De esta forma, las autoridades pueden actuar con mayor eficacia y prevenir los delitos asociados al tráfico de personas.
La problemática migratoria afecta a la seguridad de las personas y también al medioambiente. El paso de miles de migrantes cada año por la selva del Darién ha provocado un deterioro significativo del ecosistema debido a la acumulación de residuos y basura, lo que ha llevado a la Dirección de Carabineros y Seguridad Ambiental a tomar cartas en el asunto, reconociendo que se necesitarían años para restaurar el territorio.
Para mejorar la situación en las zonas fronterizas, existe una fluida articulación entre la Policía Nacional y Migración Colombia, con el apoyo de la Cancillería y otras instituciones como las Fuerzas Militares, el ICBF, el ICA, la DIAN, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Estas instituciones trabajan en conjunto a través de la Comisión Intersectorial para el Tráfico de Migrantes, encargada de supervisar la implementación de la directiva 027 que establece las pautas para combatir el tráfico de personas. Asimismo, la cooperación internacional con los gobiernos de Panamá y Ecuador es esencial para reducir el impacto de los delincuentes sobre la población migrante.
En el ámbito internacional, la Policía Nacional trabaja con organizaciones como Ameripol, Eurofront, la OIM y la Embajada de Estados Unidos, entre otros, desarrollando planes de acción y capacitación para identificar nuevas amenazas y desmantelar las estructuras criminales que explotan a los migrantes. Estas acciones han permitido en 2024 estabilizar hacia la baja los flujos migratorios irregulares en Colombia, tras el aumento significativo registrado en 2023.
Además de las acciones policiales, Migración Colombia lidera los Diálogos Fronterizos por la Vida, un esfuerzo por promover una visión integral y justa del fenómeno migratorio. También se llevaron a cabo procesos de regularización masivos como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, establecido en el Decreto 216 de 2021, y la Resolución 971 de 2021, que busca otorgar a los migrantes los mismos derechos que los ciudadanos locales.
En definitiva, el trabajo conjunto entre las instituciones colombianas e internacionales tiene como objetivo no sólo combatir el tráfico de personas, sino también proteger los derechos de los migrantes y garantizar que su paso por Colombia sea seguro y digno.
