La diversidad de dinámicas de orden social, cultural y de entorno que enmarcan la prestación del servicio de policía, implica que quienes materializan la labor encomendada al cuerpo policial, tengan una formación integral, de tal forma que les permita actuar con la idoneidad y capacidad necesarias para el óptimo desempeño profesional, con el objetivo único de salvaguardar derechos y libertades públicas como máxima constitucional, actuando siempre bajo postulados legales y buscando en todo contexto la legitimidad ciudadana.
Ahora bien, la profesionalización del servicio de policía no es un concepto nuevo dentro de los lineamientos jurídicos y doctrinales institucionales, vale la pena manifestar que tal acepción deviene de la Ley 62 de 1993, donde se señala que el policía debe recibir una formación con acento en los derechos humanos, la instrucción ética, ecológica, de liderazgo y servicio comunitario, que permita consolidar el carácter eminentemente, preventivo, educativo, ecológico y solidario que se replica de la misma.
Los anteriores preceptos han venido siendo materializados a través de los procesos de formación, capacitación y entrenamiento ejecutados por la Institución de educación superior al interior de la Policía Nacional es decir la hoy Dirección de Educación Policial, quien a través del proyecto educativo institucional, contribuye al mejoramiento del servicio de policía, a través del fomento de los conocimientos, habilidades y destrezas requeridas por el policía durante la prestación del servicio público encomendado.
En tal sentido, los cambios en la concepción de seguridad, frente a la expansión de conflictos sociales, problemas ambientales, narcotráfico, entre otros, han exigido de igual manera modificaciones estructurales en la noción de la educación policial, incluyendo aditivos que permiten fortalecer aquellos asuntos que se consideran inherentes al servicio de policía, y los cuales son fundamentales en el óptimo desempeño y ejercicio de la profesión por parte de cada uno de sus miembros.
Es así como la reciente Ley 2179 de 2021, trae dentro de su contenido la definición de la profesión de policía, la cual es concebida como “la actividad que desempeña el personal uniformado de la Institución, caracterizada por la disciplina profesional, un campo de conocimiento especializado unidad doctrinal y de lenguaje, un código de ética policial y un reconocimiento social”. Es decir, contiene elementos que son únicos y característicos de quienes desarrollan la actividad de policía y que desde toda perspectiva buscan potenciar el perfil del uniformado, consolidar el servicio de policía, generar lazos de proximidad con la ciudadanía y evitar la materialización del daño antijuridico.
Ahora bien, la Institución a través de la Dirección de Educación Policial ha venido priorizando la capacitación en materia de derechos humanos, uso legítimo, necesario y proporcional de la fuerza, procedimientos policiales, atención al ciudadano y demás temáticas que, de acuerdo a lo dinámico que resulta el servicio de policía, se consideran importantes para aportar en la construcción de una mejor Institución, acrecentar la credibilidad y confianza de la ciudadanía, así como atender las exigencias que el ciudadano demanda de esta institución centenaria.
Así las cosas, es claro que la ejecución de la actividad de policía entendida esta como una profesión, implica un proceso continuo y progresivo de aprendizaje, en el que el uniformado desde el mismo momento en que ingresa a la escuela de formación y durante toda su trayectoria institucional, es capacitado, instruido y entrenado, con la finalidad de fortalecer su perfil personal, profesional y ocupacional, todo ello enfocado a forjar un pensamiento reflexivo, crítico y ajustado a derecho, que permita la acertada toma de decisiones en el cumplimiento del deber constitucional, garantizando con ello el éxito de su labor y por ende el reconocimiento social.
La profesionalización del servicio, vista desde la concepción de la educación policial, es uno de los ejes articuladores esenciales en los procesos de transformación y mejora continua, ya que es a través de estos que se comprenden las nuevas dinámicas sociales que ‘per se’ dan miradas holísticas y cambiantes a los conceptos y formas de abordar la seguridad, ya que es claro que existe un nexo causal directo entre la visión del servicio de policía y las realidades sociales que se suscitan y que deben ser atendidas por la Policía Nacional como garante de la protección de aquellos derechos que son inherentes al ser humano.
En tal sentido, es acertado precisar que partiendo de las relaciones entorno, sociedad e Institución, se ha venido asumiendo sustanciales desafíos, que no sólo han obligado a generarse cambios dentro de la estructura orgánica y funcional de la entidad, sino que han implicado modificaciones medulares en los procesos de educación, donde la potenciación del uniformado es el fin único, ya que es claro que el éxito, legalidad y legitimidad de los roles y misiones que desde la carta superior fueron encomendados, se encuentran en cabeza de las mujeres y hombres que conforman la Institución policial.
Finalmente, desde una mirada global frente a la integralidad del servicio de policía, la Institución día a día se prepara prospectivamente para asumir los nuevos estándares que el devenir del mundo y el comportamiento social exija, fortaleciendo y desplegando el concepto de profesionalización, siempre en busca de una Policía más preparada que le permita un abordaje general de aquellos riesgos y amenazas que ponen en vilo la estabilidad del Estado Social de Derecho.
