La Policía Nacional de Colombia se ha destacado por su rol crucial en la restitución de tierras. En un país donde el conflicto armado ha dejado profundas cicatrices, la restitución de tierras se erige como un pilar fundamental para la reparación integral de las víctimas.
A través de la Estrategia Institucional de Restitución de Tierras (ESIRT), la Policía Nacional de Colombia lidera un proceso que va más allá de la simple recuperación de terrenos y busca restablecer la dignidad y los derechos de quienes fueron despojados.
Este trabajo es complejo y multifacético. La institución acompaña a la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la atención de solicitudes y garantiza la seguridad durante cada etapa del proceso.
Este acompañamiento incluye la protección física de las víctimas y funcionarios, la investigación y recopilación de pruebas y la mediación en conflictos por la propiedad de la tierra.
El proceso de restitución de tierras requiere de una coordinación efectiva entre diversas entidades del Estado. Para asegurar que se tomen todas las medidas necesarias antes, durante y después de la restitución, la Policía Nacional trabaja estrechamente con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas (UAEGRTD) y el Ministerio de Defensa Nacional, entre otros organismos. Esto incluye la participación en operativos con helicóptero en departamentos como Antioquia y Chocó, donde ya se han beneficiado muchas familias y se ha garantizado la seguridad y el éxito del proceso.
La Estrategia Institucional de Restitución de Tierras de la Policía Nacional se fundamenta en la articulación y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el efectivo acompañamiento de los procesos. Sus objetivos son prevenir y contrarrestar los factores de riesgo, fortalecer las competencias del personal policial y la optimización de las comunicaciones, y la coordinación entre las distintas agencias.
Un componente crucial para manejar los desafíos de seguridad en el contexto de la restitución de tierras es fomentar la participación comunitaria y el diálogo inclusivo. Este trabajo permite construir consensos locales, fortalecer la legitimidad del proceso y reducir las posibilidades de confrontaciones violentas. La Policía Nacional facilita este diálogo contribuyendo a un proceso más justo y pacífico.
La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, bajo el liderazgo del señor brigadier general William Castaño Ramos, juega un papel crucial en los procesos de restitución de tierras en Colombia.
A través de sus Escuadrones Móviles de Carabineros (EMCAR) y las Seccionales de Carabineros, la Dirección no sólo garantiza la seguridad de las víctimas y funcionarios involucrados, sino que también facilita el acceso y la implementación de los programas de restitución en zonas rurales y de difícil acceso.
Estos escuadrones móviles, equipados con personal altamente capacitado y recursos logísticos adecuados, son esenciales para llevar a cabo operaciones en regiones afectadas por la violencia y el conflicto armado, asegurando que las tierras puedan ser devueltas a sus legítimos propietarios de manera segura y efectiva.
Al cierre de esta edición, la Policía Nacional de Colombia ya ha realizado más de 4.544 acompañamientos en todo el territorio nacional, logrando un avance significativo en su meta de atender 8.100 procesos de este tipo durante 2024.
La restitución de tierras aborda las injusticias históricas en la tenencia de la tierra, fortalece el estado de derecho y reduce el resentimiento que puede alimentar la violencia. Este proceso es esencial para la consolidación de la paz y la reconciliación nacional, ya que devolver tierras a las víctimas del conflicto implica una reparación material, simbólica y moral, cierra brechas sociales y promueve la cohesión comunitaria.
Sin embargo, estos procesos implican desafíos significativos relacionados con la seguridad pública. Los actores que se beneficiaron ilegalmente del despojo de tierras pueden resistirse violentamente, generando tensiones y enfrentamientos.
Ese es otro aspecto crucial en el papel de la Policía Nacional, pues responde a la necesidad que tiene el Estado de implementar medidas de seguridad efectivas para proteger a las víctimas, líderes comunitarios y funcionarios involucrados en el proceso. Se trata de la protección de los derechos humanos de las víctimas y prevenir actos de intimidación, amenazas o ataques por parte de grupos armados o intereses ilegales.
Los resultados hasta el momento han sido muy positivos. En la etapa administrativa, la Policía Nacional ha cumplido con las solicitudes de acompañamientos que han elevado los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas; en la segunda fase, la judicial, ha trabajado de la mano de los jueces y magistrados del proceso de restitución de tierras.
El éxito de esta estrategia se mide en números y en el impacto real en la vida de las personas. Durante el 2024 se han proferido más de 501 sentencias, restituido 584 predios que comprenden 40.642 hectáreas y beneficiado a 4.842 personas
